Violencia contra las personas menores de edad con discapacidad intelectual o del desarrollo (2015-2017)

Desde los años 90 numerosos autores han alertado sobre la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad al maltrato (Fyson y Cromby, 2010; Sullivan y Knutson,2000, Crosse y Cols, 1993: Marchant y Page, 1992, Sullivan y Cork, 1996; Sullivan y Knutson, 1998, Verdugo, Bermejo y Fuertes, 1993, Westcott y Cross, 1996). Sin embargo la investigación en este campo ha sido y sigue siendo escasa.

Hasta el momento sólo se han identificado cinco investigaciones relevantes sobre esta problemática que cumplen con los criterios metodológicos para ser considerados estudios de prevalencia validados científicamente (Beail y Warden, 1995; McCabe y Cummings, 1996; Powers et al., 2002; Sullivan y Knutson, 2000; Verdugo, Bermejo y Fuertes, 1993). Una de ellas desarrollada en España y liderada por el equipo de investigación que forma parte del Programa Estatal de investigación, prevención e intervención en violencia contra las personas menores de edad con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Esta falta de investigación implica el desconocimiento de numerosos aspectos de este problema, especialmente los datos de prevalencia de maltrato en esta población. Los datos estimativos referidos por las investigaciones citadas indican que las personas menores de edad con discapacidad intelectual presentan un riesgo de ser víctimas de maltrato entre 2 y 10 veces superior al de niños, niñas y adolescentes sin discapacidad intelectual.

Si ya los datos sobre maltrato en general son escasos, aunque todos coinciden en apuntar que se trata de situaciones de riesgo y vulnerabilidad alarmantes, la relación entre abuso sexual y discapacidad intelectual ha sido uno de los aspectos que más ha tardado en abordarse. En la actualidad apenas existen estudios y trabajos empíricos sobre este tema. En la casi totalidad de autores que se han acercado a esta área existe un consenso en reconocer la insuficiencia investigadora y escasez de conocimientos al respecto (Ammerman, Hersen, Van Hasselt, Lubetsky y Sieck, 1994; Sobsey y Mansell, 1997; Sobsey, Randall y Parrilla, 1997, Bailey, 1998; Bermejo, 1999; Clemente, 2000; Hormer- Johnson y Drum, 2006).

Los temas tratados se han centrado por lo general en el análisis de los factores que aumentan la vulnerabilidad al maltrato y en las consecuencias del mismo, en las características de los agresores de abusos sexuales, y en los ámbitos en los que con más frecuencia aparece este tipo de maltrato. Pero los resultados son habitualmente contradictorios y poco conclusivos.

Una de las principales características del abuso sexual en la población con discapacidad intelectual a diferencia de la población sin tal discapacidad es que la vulnerabilidad a este tipo de abuso no desciende a medida que el niño con discapacidad se hace mayor, si no que por el contrario se mantiene con el paso de los años. Este dato es realmente importante si tenemos en cuenta que numerosos autores que han estudiado las consecuencias del abuso sexual en personas sin discapacidad han puesto de relevancia que uno de los aspectos que influye de modo decisivo en la vivencia del hecho traumático por parte de la víctima es si este se repite en el tiempo.

A día de hoy y a pesar de este panorama, aún desconocemos la prevalencia real del abuso sexual en esta población, en qué proporción afecta a varones y a mujeres, cómo viven las personas con discapacidad estos hechos traumáticos y cómo les afectan.

Qué justifica la realización de esta investigación:

  1. La ausencia de datos actuales sobre maltrato en personas con discapacidad intelectual.
  2. La ausencia de datos a nivel internacional y nacional sobre la prevalencia de abuso sexual en personas con discapacidad intelectual.
  3. La especial vulnerabilidad al maltrato y específicamente al abuso sexual de esta población.
  4. El desconocimiento y falta de protección ante el maltrato en las personas con discapacidad intelectual desde su infancia.
  5. El modelo actual de sociedad inclusiva que si bien acorde con los derechos de las personas con discapacidad, aumenta el riesgo de exposición de esta población a situaciones ante las que no tienen mecanismos de protección.