La prevención de la violencia contra la infancia: un compromiso compartido.
La violencia contra las personas menores de edad es un fenómeno multicausal y con diversas dimensiones que precisa del compromiso de todos los agentes sociales para su prevención. Por otra parte, es una realidad con distintas dimensiones y que hace referencia a numerosas modalidades, que van más allá del maltrato físico. La negligencia y el maltrato psicológico y emocional son las modalidades más frecuentes. La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes incluye el abuso sexual y la explotación sexual (concepto que incluye el uso de personas menores de edad para la producción de contenidos pornográficos, las personas menores de edad que son obligadas a prostituirse o el turismo con fines de abuso sexual infantil).
La infancia con discapacidad intelectual como población en riesgo: datos disponibles.
La magnitud de este problema ya fue evidenciada hace más de 20 años por distintas investigaciones, concluyendo que las personas con discapacidad intelectual presentan una mayor vulnerabilidad ante situaciones de violencia y maltrato que las personas sin discapacidad. Más recientemente, se considera que se trata de un colectivo en situación de alto riesgo, estimándose que son entre 4 y 10 veces más proclives a ser maltratados que los que no presentan ninguna discapacidad.
En España, la única investigación específica sobre el maltrato a niños y niñas con discapacidad intelectual que ha tenido impacto internacional se llevó a cabo en el año 1995 (Verdugo, Bermejo y Fuertes). En ella se aportaron datos de una prevalencia de maltrato en esta población que cuadriplicaba a la que se produce en niños y niñas sin tal discapacidad, coincidiendo con los estudios desarrollados en otros países.
El Informe Maltrato Infantil en la familia en España, elaborado por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y publicado en 2011 por el citado Ministerio, refleja que los menores que tienen alguna discapacidad sufren mayores tasas de maltrato (23,08%) frente a los menores que no presentan ninguna (3,87%). El informe califica también la discapacidad como un factor que incrementa de modo relevante el riesgo de maltrato.
En España es necesaria una estrategia específica para la prevención de cualquier forma de violencia contra las personas menores de edad con discapacidad intelectual.
En España se han dado significativos avances en relación a la atención a las personas con discapacidad que permiten posicionar a nuestro país como un referente en numerosos ámbitos. Sin embargo, resulta necesario seguir avanzando en relación a las víctimas de violencia con discapacidad intelectual. Se evidencia una falta de conocimiento tanto de la realidad de esta problemática como respecto a la construcción de respuestas eficaces en las dimensiones complementarias de investigación, prevención e intervención.
Esta ausencia de investigación a todos los niveles -dado que debe incluir la evaluación de la eficacia de las estrategias que ya se están implementando- implica la necesidad de un tratamiento especial de la discapacidad intelectual en las políticas de prevención de la violencia contra la infancia. Sin embargo, hasta la fecha no existe una respuesta jurídica ni social que haya dado lugar a una especial protección de este colectivo. Estos datos hacen necesario que la discapacidad tenga un tratamiento específico dentro de las políticas de prevención del maltrato infantil, no solo en el entorno familiar sino también en el escolar y en el institucional, lugar en el que los menores pasan un alto porcentaje de su tiempo.
España ha suscrito diversos marcos internacionales relativos a los Derechos Humanos que apuntan a esta necesidad; por una parte, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en 2007 y por otra la Convención de los Derechos del Niño en 1990, también promovida por Naciones Unidas. Simultáneamente y de forma más reciente, la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) ha iniciado en 2015 un amplio estudio sobre la violencia ejercida contra los niños con discapacidad en todos los países de la Unión Europea.
El Programa Estatal de investigación, prevención e intervención en violencia contra las personas menores de edad con discapacidad intelectual.
Acorde con esta necesidad de conocimiento de la realidad, y de intervención sobre la misma y en base a las propuestas recogidas por el Gobierno de España en varios marcos de acción estatales y las recomendaciones a España del Comité de los Derechos del Niño, la Federación de Asociaciones para la defensa del Maltrato infantil (FAPMI) junto con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) liderada por la Dra. Belén Gutiérrez Bermejo han elaborado el I Programa Estatal de Investigación, Prevención e Intervención en Violencia contra las Personas Menores de Edad con Discapacidad Intelectual, que ha empezado a desarrollarse en 2015 y que se extenderá –en su primera fase- hasta el 2017.
La actividad prioritaria para 2015 será el pilotaje de la investigación sobre prevalencia de las distintas modalidades de violencia contra las personas menores de edad con discapacidad intelectual.
El Programa aúna a los profesionales de más reconocido prestigio a nivel nacional e internacional en el ámbito de la discapacidad intelectual, así como a las asociaciones y entidades más relevantes en este ámbito. Un trabajo conjunto y coordinado entre diferentes agentes sociales con un único objetivo común: proteger al más vulnerable.
Las Líneas de Actuación estratégicas del Programa son: 1) Conocimiento de la realidad; 2) Formación y capacitación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual , profesionales y familias; 3) fomento de la coordinación interinstitucional e interprofesional; 4) sensibilización y concienciación y 5) atención e intervención con víctimas y agresores.
Estas cinco líneas se complementan con una transversal focalizada en la promoción de la participación de las personas menores de edad con discapacidad intelectual en el diseño y ejecución del Programa y sus medidas.