Línea de acción 3: Advocacy y coordinación.

La consideración de las personas menores de edad como víctimas de situaciones de violencia y especialmente en el caso de aquellas con discapacidad intelectual es parcial a pesar de la evidencia existente respecto a su incidencia, prevalencia e impacto en el desarrollo de las víctimas. Esta falta de consideración específica se ve agravada por la dimensión de población extremadamente vulnerable en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y al mismo tiempo por las dificultades inherentes para su detección por parte de agentes y adultos de referencia.

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